El dirigente municipal del PAN, Gerardo Maldonado Balvanera, no solo ocupó su influyentismo en el ayuntamiento para favorecer a una firma de abogados con la que está vinculado, y no solo causó una tensión entre el tesorero Manuel Janeiro Fernández y el alcalde Eduardo Rivera Pérez, también perjudicó a todo un departamento cuya cadena de trabajadores oficiales y no oficiales es de 60 personas.
MYA Abogados, la firma que ganó el contrato Maldonado Balvanera solo está limitada, según el contrato, al reparto de “volantes” para invitar al pago. El departamento de ejecución de tesorería dispone de un conjunto de trabajadores responsables de las notificaciones.
Su trabajo se paga por comisión, es decir, por cada notificación que la tesorería envía, los trabajadores reciben su pago y viáticos para ejecutar tales avisos. Ahora, los empleados no tienen encomiendas.
Más grave aún es que este mismo departamento está integrado en el organigrama del ayuntamiento de Puebla, justo debajo de la dirección jurídica. En resumen, tienen un presupuesto y, sin embargo, el ayuntamiento contrató a un despacho privado para las labores a las cuales estaba destinada la integración de este departamento, por cierto, renovado en el nuevo Reglamento de Tesorería.
En el trienio de Blanca Alcalá, el ayuntamiento incluso ocupó este departamento para mandar ultimátum a los deudores del impuesto predial.
Esta oficina advirtió a quienes no pagaran el impuesto que procedería al embargo de bienes inmuebles, electrodomésticos y propiedades de acuerdo al monto del adeudo, advertencias que MYA no puede ejecutar.
Entre sus responsabilidades, el departamento de ejecución notificaba a los contribuyentes de manera oportuna. Después de la entrega del aviso de pago tendrían un plazo de mes y medio para pagar en las cajas de tesorería, módulos, así como en los bancos participantes.
El procedimiento era descrito así por el ayuntamiento de Blanca Alcalá, según un comunicado oficial: “será hasta la tercer llamada cuando el ayuntamiento haga el embargo, después del primer aviso se les harán llegar otras dos notificaciones, en un plazo de 15 días entre cada uno y será hasta el tercer llamado de atención cuando dé procederá al embargo”, en otras palabras, eran estas notificaciones las que empleaban a los miembros de este departamento incluso había halagos para el personal:
“Este proceso se hará con personal capacitado, el cual no tendrá la intención de actuar violentamente o de falta de respeto hacia los contribuyentes en caso de obtener negativas de los deudores”.
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