El funeral de Estado de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón asesinado a principios de julio pasado, costó a los contribuyentes menos de lo previsto, afirmó el ministro portavoz del gabinete nipón, Hirokazu Matsuno.
El funcionario estimó la cifra en 1.200 millones de yenes ($8,27 millones), frente al presupuesto inicial de 1.600 millones de yenes ($11 millones).
"El 6 de septiembre, cuando se dio a conocer el presupuesto de seguridad, se ignoraban muchos factores, en primer lugar, el tiempo de permanencia de visitantes extranjeros", explicó Matsuno en una rueda de prensa.
Su quedaron menos tiempo de lo previsto, según el portavoz, lo que permitió ahorrar más de 300 millones de yenes en seguridad, alojamiento, sueldos de agentes y transporte.
"Hemos podido recortar el gasto y celebrar un funeral decente. La suma de 1.200 millones de yenes ha resultado suficiente", dijo Matsuno. Al propio tiempo, él admitió que podría haber ciertos correctivos en la factura final.
El funeral de Estado de Shinzo Abe tuvo lugar el 27 de septiembre en el centro de artes marciales Nippon Budokan, en Tokio, con la asistencia de líderes de 34 países y 14 antiguos gobernantes.
Unas 26.000 personas hicieron cola durante casi cuatro horas para decir el último adiós al que fuera líder del Partido Liberal Democrático y primer ministro de Japón de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020.
El 8 de julio de 2022 el político recibió disparos mortales en el cuello y el tórax mientras daba un discurso en un acto de campaña electoral en Nara.
Su asesino, Yamagami Tetsuya, desempleado y exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, afirmó en un interrogatorio que el móvil del ataque era el supuesto vínculo de Abe con la llamada Iglesia de la Unificación, a la que culpa de haber provocado la ruina de su familia.
El cuerpo del ex primer ministro fue incinerado el 12 de julio, tras un velatorio en un templo budista de Tokio, y una ceremonia privada para familiares y amigos.
El Gobierno de Japón recibió duras críticas por despedir a Shinzo Abe con un funeral de Estado sin consultar esa decisión con el parlamento.
