El Gobierno de Venezuela rechazó hoy la decisión de la Unión Europea (UE) de renovar por otro año consecutivo las medidas coercitivas unilaterales en contra de la nación sudamericana y calificó la extensión de las sanciones como una política desafortunada.
"Con esta anacrónica decisión se pretende insistir en una estrategia completamente errónea, con la que la UE no ha logrado, en los últimos cinco años, cumplir su objetivo de derrocar al Gobierno Bolivariano ni apartar a nuestro pueblo del rumbo político consagrado en nuestra Constitución", expresó Caracas en un comunicado difundido por la cancillería.
La cartera denunció que las medidas coercitivas unilaterales "aplicadas ilegalmente por la Unión Europea de forma premeditada, castigan y violan masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano".
Agregó que las consecuencias de las citadas sanciones "terminan por limitar el acceso a alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar derechos fundamentales y asegurar el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad".
El Gobierno venezolano calificó de "incoherente" la decisión de la UE, publicada el viernes, ya que coincide con una declaración pública del presidente francés, Enmanuel Macron, en la que manifestó públicamente la voluntad de apoyar las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición.
"Constituye una bofetada a la iniciativa francesa denominada Foro por la Paz", aseveró.
"Repudiamos la política insana de recurrir a estas herramientas de chantaje político, contrariando los principios democráticos y de derechos humanos, instituyendo una peligrosa práctica contraria a los principios del Derecho Internacional y la coexistencia pacífica entre los Estados", alertó.
Por último, la cancillería aseguró que el pueblo y el Gobierno del país sudamericano, "insistirán en continuar la defensa de nuestra soberanía, en base a nuestros principios constitucionales, reafirmando en todo momento nuestra independencia conquistada ya hace más de 200 años".
Las sanciones impuestas en 2017 incluyen la prohibición a 36 personas de entrar a la UE, así como la congelación de sus activos, además del embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para acciones de represión en el país.
