El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el 20 de marzo un decreto ejecutivo mediante el cual entró en vigencia por 60 días el estado de excepción por calamidad pública, a causa del impacto del terremoto de 6,5 grados registrado el 18 de marzo que causó 14 muertes y dejó heridas a 411 personas.
"Esta declaratoria se fundamenta en las graves afectaciones a la vida y los bienes materiales de los habitantes de estas provincias, eventos provenientes de la grave temporada invernal y de los movimientos telúricos ocurridos el 18 de marzo del 2023", argumenta el documento.
El objetivo, añade, es atender la calamidad pública que se ha suscitado y a los habitantes afectados tras el evento con epicentro en Balao, provincia de Guayas (suroeste).
En virtud del decreto se dispone movilizar desde todo el territorio nacional las entidades de la administración pública que sean necesarias hacia las provincias afectadas.
Se dispone al Ministerio de Economía y Finanzas proporcionar los recursos suficientes para atender la situación de excepción y centralizar la recepción y distribución de los aportes de los organismos de cooperación internacional de acuerdo con la identificación y urgencias de las necesidades.
Según los informes preliminares, las provincias de Azuay y El Oro son las más afectadas, con el reporte de 251 viviendas con daños y 90 destruidas en total, así como 202 unidades educativas y 51 centros de salud afectados, entre otros datos.
