México mantiene una institucionalidad sólida en mejora regulatoria, pero persisten deficiencias en transparencia normativa, de acuerdo con el Regulatory Policy Outlook 2025 publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el documento, el organismo internacional señala que las herramientas clave del sistema de gobernanza regulatoria mexicano, como la evaluación de impacto regulatorio (RIA), no son aplicables a una porción considerable del marco legal debido a que no existe una obligación legal de realizar RIA o consultas públicas cuando las iniciativas provienen del Poder Legislativo.
Actualmente, solo 14% de las leyes primarias en México son iniciadas por el Poder Ejecutivo, limitando así el alcance de los instrumentos diseñados para mejorar la calidad normativa. Esta situación genera un marco regulatorio fragmentado, con leyes que escapan al escrutinio técnico y ciudadano que es promovido por la CONAMER, la entidad encargada de coordinar la política de mejora regulatoria.
La OCDE destaca que esta falta de cobertura institucional afecta directamente la transparencia del proceso regulatorio y plantea riesgos en términos de previsibilidad jurídica. El informe también subraya que, aunque existen avances en los procesos consultivos dentro del Ejecutivo, la retroalimentación a los participantes no es sistemática y se desaprovechan oportunidades para reforzar la legitimidad normativa mediante mayor participación pública.
A pesar de estos desafíos, México se ubica en un nivel medio dentro del conjunto de países de la OCDE en cuanto a transparencia regulatoria. No obstante, el progreso en esta dimensión ha sido limitado en comparación con otras economías que han fortalecido sus mecanismos de revisión pública y rendición de cuentas en el ciclo normativo.
Según el capítulo de perfiles nacionales, la CONAMER continúa siendo la entidad de supervisión regulatoria más relevante en el país, pero su alcance institucional está restringido a iniciativas del Ejecutivo. Esto limita la posibilidad de aplicar buenas prácticas de gobernanza en todos los niveles y órdenes del Estado.
El informe al que tuvo acceso NotiPress, recomienda extender la obligatoriedad del uso de RIA y consulta pública a iniciativas legislativas. Asimismo, plantea que México podría beneficiarse al considerar experiencias internacionales sobre simplificación administrativa, interoperabilidad institucional y mecanismos de ventanilla única.
Con estas observaciones, la OCDE concluye que mejorar la transparencia regulatoria en México requerirá una visión sistémica que combine voluntad política, ampliación del marco normativo y fortalecimiento de capacidades técnicas para garantizar que toda iniciativa regulatoria pase por procesos abiertos, proporcionales y basados en evidencia. (NotiPress)
