Aproximadamente 750 koalas fueron abatidos por francotiradores desde helicópteros como parte de una controvertida operación en Victoria, Australia. De acuerdo con las autoridades, esta medida fue aplicada en el Parque Nacional de Budj Bim y causó polémica entre varias organizaciones defensoras de la fauna silvestre y algunos sectores políticos.
La decisión fue autorizada por el Departamento de Energía, Medioambiente y Clima de Victoria, argumentando que se trata de una acción "por razones humanitarias", ya que recientemente un incendio devastó aproximadamente 2,000 hectáreas en la zona, dejando a numerosos ejemplares en condiciones preocupantes, con heridas graves, deshidratación severa o signos de inanición.
La primera ministra del estado, Jacinta Allan, respaldó la medida asegurando que los animales estaban en un estado irreversible y que la ejecución de la estrategia se basó en evaluaciones detalladas. Sin embargo, esta justificación oficial no bastó para calmar las críticas.
En el parlamento estatal, el diputado Georgie Purcell, del partido Justicia Animal, cuestionó duramente el procedimiento, señalando la falta de protocolos que garanticen el bienestar de las crías, cuya presencia en las bolsas maternales no puede ser confirmada desde el aire. Asimismo, Jess Robertson, presidenta de la Alianza por los Koalas, advirtió que no es posible evaluar con precisión la salud de un koala desde un helicóptero.
