Tesla y SpaceX, compañías dirigidas por Elon Musk, acumulan múltiples señalamientos por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) debido a infracciones relacionadas con normativas ecológicas. Documentos obtenidos por The Verge revelan un historial de sanciones asociadas con el manejo de desechos peligrosos y descargas de aguas residuales. Estos hallazgos contrastan con la imagen pública de ambas empresas, reconocidas por sus contribuciones al desarrollo de tecnologías sostenibles.
Desde 2015, Tesla fue objeto de acciones de cumplimiento bajo la Ley de Aire Limpio y las normativas federales sobre residuos peligrosos. Las irregularidades identificadas incluyen prácticas incorrectas en sus instalaciones de fabricación, sin cumplir con los estándares establecidos por las autoridades ambientales. SpaceX, por su parte, fue identificada por descargas no autorizadas de aguas residuales en el sitio de lanzamiento de Starbase, ubicado en Texas, lo que derivó en procesos administrativos por incumplimiento de la Ley de Agua Limpia.
Funcionarios de la EPA documentaron estas infracciones en reportes internos. Estos registros coinciden con un período en el cual la agencia vio reducida su capacidad operativa. A partir de nueva la administración de Donald Trump, se implementaron recortes presupuestarios y reducciones de personal que afectaron directamente las funciones de supervisión ambiental. Elon Musk participó en el lanzamiento del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa promovida por el entorno del presidente Trump, destinada a optimizar el funcionamiento de las agencias federales mediante la reducción de recursos y estructuras.
DOGE concentró sus esfuerzos en agencias clave, entre ellas la EPA, lo que disminuyó la frecuencia y alcance de inspecciones en empresas privadas, incluyendo aquellas pertenecientes a Musk. A partir de ese momento, se limitaron las acciones de fiscalización, pese a que los registros mostraban reincidencias en los incumplimientos. En paralelo, Musk incrementó su apoyo financiero a la campaña de reelección de Trump, superando los 250 millones de dólares en contribuciones.
Miembros de la EPA expresaron preocupación por la pérdida de capacidad para hacer cumplir las leyes ambientales. Informes internos citados por The Verge indican que personal técnico se pronunció en contra de la falta de recursos, advirtiendo sobre riesgos para la salud pública y el medio ambiente derivados de la escasa supervisión. No obstante, las decisiones estructurales del DOGE continuaron en marcha, limitando los mecanismos de control sobre industrias clave.
Igualmente, Tesla y SpaceX no respondieron directamente a las solicitudes de comentario en relación con los hallazgos de The Verge. Tampoco se publicaron declaraciones oficiales respecto a las medidas correctivas adoptadas tras las sanciones. La información obtenida por el medio refleja un patrón de incumplimientos y una reducción sistemática en la capacidad del Estado para ejercer control ambiental sobre grandes corporaciones.
La situación generó cuestionamientos sobre la coherencia entre la misión tecnológica de empresas como Tesla, orientada a energías limpias, y su historial ambiental. El papel de figuras como Elon Musk en la transformación industrial del país no estuvo exento de tensiones con las regulaciones públicas, evidenciando una dinámica compleja entre innovación y cumplimiento normativo. (NotiPress)
