México celebrará su primera elección judicial el próximo 1 de junio de 2025, sin embargo, el proceso arranca marcado por deficiencias operativas y condiciones que ponen en duda su legitimidad. De acuerdo con el Observatorio Electoral Judicial, el diseño actual del proceso presenta inequidades graves que podrían comprometer la confianza pública en instituciones clave como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial.
Los hallazgos del informe revelan que 93 de las 120 boletas que se utilizarán presentan desequilibrios estructurales, y 57 de los 60 distritos electorales concentran al menos un problema de equidad. Esta situación tiene su origen en la improvisación con la que se implementó la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 y la organización acelerada del proceso, con menos de ocho meses de preparación y un presupuesto 52% menor al requerido por el INE.
Entre los principales errores identificados se encuentran las reglas de paridad aplicadas de forma automática, la distribución irregular de vacantes y especialidades, y la presencia de boletas con candidaturas únicas. El informe al que tuvo acceso NotiPress advierte que estos elementos permiten anticipar resultados antes de la jornada electoral, generando condiciones donde la competencia real queda anulada.
Además, se identificaron al menos tres vacantes sin personas candidatas registradas y 55 casos donde la victoria está asegurada sin necesidad de campaña, ya sea por ausencia de rivales o por la mecánica de asignación. En conjunto, estos elementos vulneran el principio constitucional de equidad en la contienda y anticipan un escenario de conflictividad poselectoral.
El informe advierte que la inequidad en la contienda "afecta de manera importante la integridad del proceso" y podría derivar en "impugnaciones" por parte de candidaturas sin posibilidad real de competir, señala el documento. El Observatorio sostiene que las condiciones actuales podrían derivar en impugnaciones masivas, especialmente de las 234 personas candidatas que compiten sin posibilidades reales de resultar electas.
Frente a este panorama, se cuestiona la capacidad del INE para garantizar certeza en los resultados y del Poder Judicial para resolver los conflictos derivados. El informe concluye que las autoridades responsables del diseño, distribución de vacantes y reglas operativas deberán rendir cuentas sobre un proceso que, lejos de fortalecer la democracia, arriesga el prestigio institucional de las entidades involucradas. (NotiPress)
