México hizo historia con una elección judicial condenada al fracaso

México vivió este domingo una elección sin precedentes. Fue la primera vez en la historia que la ciudadanía votó directamente para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. La intención oficial fue democratizar la justicia y combatir la impunidad, pero la jornada electoral se vio empañada por múltiples irregularidades que generaron dudas sobre la transparencia, efectividad y legitimidad del proceso.

Confusión, falta de información y baja participación

En Puebla, como en gran parte del país, la jornada inició con una desinformación notable. La mayoría de los votantes desconocía quiénes eran los candidatos o cómo se llevaba a cabo esta inédita elección judicial.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la participación ciudadana se ubicó entre 12.57% y 13.32% del padrón electoral, una de las cifras más bajas en la historia reciente de México. En contraste, elecciones federales como las presidenciales o legislativas suelen registrar una participación superior a 60%.

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En tanto, los ciudadanos enfrentaron un sistema electoral extenso, con hasta seis papeletas con distintos colores y numerología. Esto generó confusión entre los votantes, quienes debían elegir entre miles de candidatos a cargos judiciales, la mayoría desconocidos para el electorado.

Menor número de casillas

Un aspecto que agravó la situación fue la reducción drástica de casillas. El INE pasó de instalar cerca de 170,000 casillas en elecciones anteriores a solo 83,974 casillas seccionales en todo el país. De estas, se instaló el 99.98%, es decir, 83,958 casillas funcionaron durante la jornada electoral.

En Puebla, esta reducción fue evidente, especialmente en zonas rurales y municipios alejados, donde la distancia para llegar a una casilla fue mayor, desalentando el voto.

Diseño de boletas, urna única y conteo sin participación ciudadana

La boleta era compleja y se utilizó una urna única para todos los votos, lo que dificultó el proceso y aumentó el riesgo de errores. Además, el sistema de conteo de votos fue distinto.

En elecciones ordinarias, el escrutinio se lleva a cabo en las casillas con la participación directa de los ciudadanos, lo que garantiza transparencia y rapidez en la entrega de resultados. En cambio, en la elección judicial, el conteo se llevará a cabo en los consejos distritales, sin la presencia ciudadana, y los resultados tardarán días en conocerse, lo que genera incertidumbre y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Ausencia del PREP y conteos rápidos

Uno de los aspectos más cuestionados es la ausencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), una herramienta que históricamente ha permitido a los mexicanos conocer, de manera rápida, una primera proyección de los resultados. En esta ocasión, la decisión de prescindir del PREP dejó un vacío informativo que, hasta el momento, dificulta el seguimiento público del proceso.

A esta falta de transparencia inicial se suma la cancelación de los conteos rápidos, otro instrumento técnico que ofrece estimaciones con alto grado de precisión la misma noche de la jornada electoral. Al eliminar ambos mecanismos, INE optó por un modelo que retrasa toda certeza hasta el 10 de junio, fecha en que se darán a conocer los resultados finales. 

Por si fuera poco, la declaración oficial de validez de las elecciones no llegará sino hasta el 15 de junio. Esta demora de casi dos semanas en la confirmación de resultados contrasta con los tiempos acostumbrados en otros comicios, donde al menos se contaba con información preliminar.

Participación de militares en el proceso electoral

Uno de los episodios que más controversia generó durante la jornada fue la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en la sesión del Consejo General del INE. Aunque su participación fue justificada bajo el argumento de resguardar el orden, la imagen de militares dentro de una institución civil y autónoma encendió alertas sobre su papel en procesos políticos y electorales. 

Ausencia de observadores

Durante la elección, se destacó la ausencia casi total de observadores ciudadanos y la centralización del conteo de votos en la Ciudad de México, en comaparación con las elecciones ordinarias, cuando cada partido cuenta con una amplia representación para la verificación de votos.

Desconfianza

Lo anterior abonó a un ambiente de apatía y escepticismo entre los ciudadanos. Las elecciones judiciales, que ya de por sí generaron poco interés, enfrentan ahora un reto aún mayor: justificar su legitimidad.

En conclusión, la elección judicial de 2025 fue sin duda un experimento histórico en México, pero los problemas evidenciados el día de la jornada electoral pusieron en riesgo los objetivos democráticos que buscaba alcanzar. La baja participación, confusión, reducción de casillas, politización y falta de transparencia evidencian la necesidad de revisar y mejorar profundamente el proceso.