La administración del presidente Donald Trump avanza en la construcción de una nueva barrera fronteriza flotante a lo largo de 27.3 kilómetros del Río Bravo, entre el condado de Cameron, en Texas y la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El objetivo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), es cerrar una “brecha de capacidad” en las vías fluviales donde se identificaron actividades como el contrabando de drogas y la trata de personas.
“Se identificó una brecha de capacidad en las vías fluviales a lo largo de la frontera suroeste donde se produce el tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades peligrosas e ilegales”, aseguró la CBP.
El proyecto será adjudicado antes de que finalice el año fiscal utilizando fondos aprobados en 2021 y es parte de una serie de medidas aceleradas que buscan reforzar la seguridad en la frontera sur. Se trata de la sexta exención firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bajo el argumento de urgencia operativa.
El gobierno estadounidense asegura que estas barreras flotantes ofrecerán un entorno más seguro para los agentes fronterizos y disuadirán el cruce irregular por una ruta considerada peligrosa. Además, el anuncio viene después de que se registrara un mínimo histórico de cruces ilegales, que la administración Trump atribuyó a sus políticas de control migratorio más estrictas.
Por su parte, algunas organizaciones humanitarias y expertos medioambientales expresaron su preocupación por la posible afectación a los ecosistemas fluviales, así como por el endurecimiento de medidas contra migrantes que huyen de la violencia o la pobreza. Sin embargo, las autoridades insisten en que la prioridad es “asegurar” la frontera sur frente a amenazas del crimen transnacional.
