
A pesar de que el ciclo escolar 2024-2025 aún no concluye y las aulas permanecen ocupadas por alumnos, una preocupante ola de robos está azotando a instituciones educativas en la capital poblana y municipios circundantes.
En las últimas semanas, se ha registrado un incremento significativo en estos incidentes, dejando a las comunidades escolares con pérdidas materiales y una creciente incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura educativa. La situación genera alarma y plantea interrogantes cruciales sobre quién asume la responsabilidad de reponer lo hurtado y si existen mecanismos de protección para estas escuelas.
Si bien las cifras oficiales detalladas para 2025 aún no se han consolidado por parte de las autoridades, reportes periodísticos y denuncias de padres de familia y directivos escolares apuntan a un recrudecimiento del fenómeno.
A menudo, los robos se centran en equipos de cómputo, proyectores, material didáctico, instalaciones eléctricas, tuberías de cobre, bombas de agua e incluso artículos de las cooperativas escolares. Estas sustracciones, aunque no siempre cuantificadas de manera pública y desglosada por institución, se suman a la preocupante tendencia de años anteriores.
????????❌ Delincuencia arruina ceremonia de graduación en una primaria. ????????
— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) July 9, 2025
Los casos más recientes se registraron en una primaria de la colonia Nuevo León, en el municipio de Cuautlancingo, donde la institución ha sido blanco fácil de la delincuencia por lo menos cuatro veces en los últimos tres años. En esta ocasión, los egresados del sexto grado se quedaron sin ceremonia de graduación a causa del robo.
Y apenas este lunes, se dio a conocer el robo a otra escuela en la colonia América Norte, en la ciudad de Puebla, de donde se llevaron equipo de cómputo, pantallas y otras herramientas tecnológicas utilizadas en la educación de los estudiantes.
???????? Una escuela más: delincuentes desactivan cámaras y atracan primaria
— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) July 14, 2025
En 2024, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el robo a escuelas ya representaba un problema constante, con decenas de denuncias presentadas a lo largo del año.
La expectativa para 2025, a juzgar por los incidentes recientes, no es alentadora y podría superar estas cifras si no se implementan medidas de contención efectivas. Municipios como San Andrés Cholula, Amozoc, Cuautlancingo y Ocoyucan, además de la propia capital, han sido escenarios de estos actos delictivos.
La repercusión en la educación
El impacto de estos robos en la educación es multifacético:
En algunos casos, los robos dejan a las escuelas inoperables por días, obligando a suspender actividades y afectando el calendario escolar. La falta de servicios básicos como agua o electricidad por el robo de tuberías o cableado es un claro ejemplo.
La sustracción de equipos tecnológicos (computadoras, proyectores) y material didáctico merma la capacidad de las instituciones para ofrecer una educación de calidad, especialmente en un contexto donde la tecnología es fundamental.
Tanto para alumnos como para maestros y padres de familia, los robos generan un sentimiento de desmotivación y frustración. El esfuerzo por mantener un ambiente propicio para el aprendizaje se ve truncado por la acción de los delincuentes.
Los escasos recursos de las escuelas, que deberían destinarse a mejorar la infraestructura o adquirir nuevos materiales, deben ser desviados para reponer lo robado, creando un ciclo vicioso de carencias.
La constante amenaza de robos crea un ambiente de inseguridad que afecta la tranquilidad de la comunidad escolar, especialmente cuando las instituciones no están resguardadas de manera adecuada.
¿Quién cubre lo robado?
La pregunta sobre quién asume la reposición de los bienes robados es una de las más recurrentes y genera gran preocupación. La respuesta no es sencilla y, en muchos casos, recae en la propia comunidad escolar o en apoyos extraordinarios y a menudo insuficientes:
En la mayoría de los casos, son los padres de familia quienes, a través de cuotas voluntarias o actividades de recaudación, intentan cubrir los daños y reponer lo robado. Esto representa una carga económica adicional para las familias, muchas de ellas de escasos recursos.
Si bien la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado de Puebla tienen programas para el mantenimiento y mejora de la infraestructura escolar, la reposición de bienes robados no siempre está contemplada de manera expedita y suficiente. Los procesos burocráticos pueden ser lentos y los recursos, limitados.
En ocasiones, fundaciones, empresas o incluso exalumnos brindan apoyo y donaciones para ayudar a las escuelas a recuperarse de los robos. Sin embargo, estas iniciativas son esporádicas y no garantizan una solución integral.
¿Existen seguros para las escuelas?
La idea de que las escuelas cuenten con seguros que cubran robos y daños es una esperanza para muchas comunidades, pero la realidad es que la gran mayoría de las escuelas públicas en Puebla no cuentan con pólizas de seguro específicas que cubran robos de equipo o infraestructura.
En algunos casos, puede haber programas de cobertura limitada a través de fondos federales o estatales para la infraestructura educativa, pero estos rara vez incluyen la protección contra robos de manera integral y expedita. Su enfoque suele ser más en la reparación de daños estructurales mayores o desastres naturales.
Las escuelas privadas, al operar bajo un modelo de negocio diferente, tienen una mayor probabilidad de contar con seguros que cubran una gama más amplia de eventualidades, incluyendo robos. Sin embargo, esto no aplica a la vasta mayoría de las instituciones educativas en el estado.
La falta de seguros deja a las escuelas públicas en una situación de vulnerabilidad extrema, donde la recuperación ante un robo depende en gran medida de la solidaridad de la comunidad y de la capacidad de gestión de los directivos para buscar apoyos gubernamentales, que a menudo son insuficientes o tardíos.