La capital poblana se ha convertido en un campo de batalla recurrente. En los últimos cinco años, el Centro Histórico y sus alrededores han sido escenario de violentos enfrentamientos que han puesto en jaque la seguridad y la convivencia.
No se trata de un conflicto aislado, sino de una pugna constante entre organizaciones de vendedores ambulantes y de estos grupos contra las autoridades municipales. La disputa por el control del espacio público y los desacuerdos en los operativos de desalojo son la raíz de una problemática que parece no tener fin.
El año en curso ha sido especialmente tenso. En julio, un enfrentamiento entre ambulantes en la 3 Norte y 8 Poniente paralizó el Centro. El conflicto dejó cuatro denuncias y evidenció la incapacidad de algunas organizaciones para coexistir de manera pacífica.
Pero el clímax de la violencia llegó recién este fin de semana, con una balacera cerca del Estadio Cuauhtémoc que cobró la vida de una mujer. La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre señaló directamente a la organización Doroteo Arango como responsable, acusándola de intentar desplazarlos de la zona.
Sin embargo, este tipo de conflictos, en los que rápidamente se pasa de los insultos y agresiones verbales o golpes al uso de armas de fuego, no es reciente.
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— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) August 16, 2025
Hay detonaciones de arma de fuego en los alrededores del estadio Cuauhtémoc como resultado de una riña por espacios de estacionamiento, presuntamente entre la #28DeOctubre y #AntorchaCampesina. Habría al menos una persona lesionada. pic.twitter.com/z6T2lRIyaG
El 2024 estuvo marcado por la confrontación directa con las autoridades. En agosto, ambulantes y policías municipales se enfrentaron en el Centro Histórico. Los vendedores intentaron instalarse sin permiso, provocando caos y la intervención de la policía.
Para diciembre, la situación se repitió, pero con un matiz más agresivo: personal de Vía Pública del Ayuntamiento fue atacado por vendedores cerca del Zócalo mientras intentaban mantener el orden.
En enero de 2022, un operativo en el Zócalo se salió de control cuando ambulantes se enfrentaron a funcionarios de Vía Pública y a la policía. El resultado: dos funcionarios heridos y la confirmación de que la resistencia a los desalojos es cada vez más violenta.
El conflicto entre las propias organizaciones alcanzó un punto álgido en mayo de 2021. Una "batalla campal" entre miembros de las organizaciones Fuerza 2000 y 11 de Marzo en la calle 10 Poniente y 5 de Mayo dejó al menos cinco lesionados. La causa: una simple disputa por espacios de venta, un problema cotidiano que con frecuencia escala a la violencia física.
¿Por qué tanta violencia?
Los conflictos entre ambulantes y autoridades no son solo una cuestión de desorden público. Se deben a varios factores entrelazados.
La principal causa de los enfrentamientos entre organizaciones es la disputa por las mejores ubicaciones de venta, especialmente en zonas de alta afluencia peatonal como el Centro Histórico.
Los operativos del Ayuntamiento para recuperar las vialidades son constantemente resistidos. Los ambulantes argumentan que no tienen otra fuente de ingresos y que los acuerdos con las autoridades no se respetan.
A menudo, los conflictos surgen de supuestos incumplimientos de acuerdos previos. Los líderes de las organizaciones acusan a las autoridades de no respetar los pactos para permitirles vender en ciertas zonas, lo que los lleva a reaccionar de forma violenta.
La existencia de múltiples líderes de organizaciones de ambulantes, cada uno con su propio grupo de seguidores, crea una competencia feroz por el control territorial y económico.
Cabe mencionar que la percepción de que los vendedores ambulantes "se creen dueños de la vía pública" surge de una compleja dinámica de factores históricos, sociales y económicos. No se trata de un simple capricho, sino del resultado de la lucha por la supervivencia y la falta de regulación efectiva.
Para muchos, el comercio ambulante no es una elección, sino la única alternativa viable de subsistencia. Ante la falta de oportunidades de empleo formal o la incapacidad para cumplir con los requisitos del comercio establecido, la vía pública se convierte en el único espacio para generar ingresos. Desde esta perspectiva, la ocupación del espacio se percibe como un derecho fundamental para vivir y mantener a sus familias.
A lo largo de los años, se han creado acuerdos de palabra o permisos "informales" con las autoridades, lo que ha generado la sensación de que tienen un derecho adquirido sobre ciertos espacios. En muchas ocasiones, los ambulantes pagan cuotas a líderes de organizaciones o incluso a funcionarios corruptos para poder operar en una zona específica. Esto refuerza la idea de que han "comprado" o "alquilado" su lugar, dándoles un sentido de propiedad.
Los vendedores ambulantes no suelen actuar de manera individual. Pertenecen a grandes organizaciones que negocian directamente con los gobiernos locales. Estas organizaciones, con un gran número de miembros, ejercen presión política para defender sus espacios y, a menudo, consiguen acuerdos para mantener sus puestos. Este poder colectivo les otorga una fuerte convicción de que tienen derecho a estar en la vía pública.
La falta de una política pública clara y consistente para regular el comercio informal ha contribuido a esta situación. En muchos casos, las autoridades son permisivas por un tiempo, para luego llevar a cabo operativos de desalojo sorpresivos.
Esta inconsistencia crea un ambiente de incertidumbre y confrontación, donde los ambulantes se sienten con el derecho de defender lo que consideran su lugar de trabajo, ya que no hay reglas claras para todos.
Los vendedores ambulantes se resisten a la reubicación en plazas o mercados fijos porque estos espacios, a menudo, no ofrecen el mismo flujo de clientes que las calles concurridas. El éxito de su negocio depende de la visibilidad y el acceso fácil, y sienten que ser reubicados en un lugar menos transitado equivale a perder su sustento. Por ello, luchan por mantener su presencia en las zonas céntricas.
El problema del ambulantaje en Puebla va más allá de un simple acto de comercio informal. Es un complejo entramado de intereses, pactos incumplidos y disputas territoriales que ha convertido al corazón de la ciudad en un escenario de conflicto permanente.
