Un juez federal concedió las primeras suspensiones provisionales que impiden exigir datos biométricos, tales como huellas dactilares y fotografías, para obtener la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta medida viene tras los amparos promovidos por Víctor Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Población publicada el 16 de julio.
El juez Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, argumentó que mientras la entrega de datos biométricos puede ser irreversible, la suspensión provisional sí puede revocarse si se determina que la reforma cumple con los criterios constitucionales. Sin embargo, la audiencia para decidir si se otorgan suspensiones definitivas será el 1 de septiembre.
De acuerdo con la reforma, la CURP con datos biométricos será un documento de identificación obligatorio, universal y de aceptación nacional, disponible en formatos físico y digital. También señala que la integración de estos datos deberá contar con la autorización expresa de la persona titular, y quienes se nieguen podrán seguir utilizando la CURP tradicional.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la inclusión de datos biométricos será voluntaria, y destacó su utilidad en casos como la búsqueda de personas desaparecidas, pero insistió en que el trámite no será obligatorio para la población en general.
Por ahora, el gobierno tiene hasta mediados de octubre para habilitar los canales necesarios que permitan la consulta, validación y registro de los datos biométricos. Esto incluye la instalación de módulos y la transferencia de información entre dependencias, siempre con el consentimiento de los ciudadanos.
Por su parte, especialistas y colectivos de derechos digitales advirtieron que la implementación de la CURP biométrica podría fortalecer una infraestructura de vigilancia masiva. Asimismo, señalaron los posibles riesgos de exclusión, discriminación y violaciones a la privacidad, especialmente si no se establecen controles constitucionales adecuados.
Finalmente, autoridades como Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, defendieron que el sistema operará dentro de los límites legales y bajo control judicial. Sin embargo, la resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma recaerá en la Suprema Corte de Justicia, cuyos nuevos ministros asumirán funciones próximamente.
