El debate sobre la eutanasia en México ha tomado un nuevo impulso con la presentación de la iniciativa ciudadana conocida como “Ley Trasciende”, que busca despenalizar la práctica para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o terminales que experimentan un sufrimiento insoportable.
Aunque la sociedad mexicana, según encuestas, muestra un amplio apoyo (alrededor del 70 por ciento) a la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, la realidad legal actual es de prohibición estricta y criminalización de la compasión.
La promotora de la iniciativa, Samara Martínez, quien padece una enfermedad terminal, ha llevado su propuesta al Senado y a la Cámara de Diputados con el objetivo de reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
La propuesta permitiría a personas mayores de 18 años, bajo su consentimiento informado, acceder a una muerte digna y asistida.
Actualmente, México sólo reconoce la Voluntad Anticipada (ortotanasia), que permite a un paciente terminal rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida, respetando el curso natural de la muerte.
Más de 16 entidades federativas tienen leyes de Voluntad Anticipada, pero esta figura es distinta a la eutanasia activa, que implica la acción directa de un médico para provocar la muerte.
Dado que la eutanasia activa es ilegal, no hay datos oficiales ni reportes sistematizados sobre lugares o prácticas de eutanasia clandestina en México. Sin embargo, la prohibición legal obliga a las personas en situación de sufrimiento extremo a buscar medios que, por su naturaleza ilegal, son de acceso difícil, costoso y riesgoso.
La búsqueda de medicamentos o sustancias que permitan una muerte digna y pacífica se da en un contexto de ilegalidad, dificultando el acceso a información precisa y, sobre todo, a sustancias seguras y métodos asistidos profesionalmente.
Esto deja a los pacientes en la vulnerabilidad y la soledad de la autogestión de su muerte.
Por otra parte, el acceso a la información es limitado. Si bien hay organizaciones civiles que promueven el derecho a morir con dignidad, la desinformación, el tabú y el dogma siguen siendo barreras significativas.
La única vía legal y ampliamente difundida es la Ley de Voluntad Anticipada, cuyos trámites requieren de ser mayor de edad, estar en pleno uso de facultades mentales, acudir ante un notario público (o personal de salud según el formato) y cumplir con otros requisitos.
La ley mexicana considera la eutanasia activa como un delito contra la vida. Las sanciones se aplican bajo las figuras de homicidio o suicidio asistido, dependiendo de la participación del tercero:
El Código Penal Federal establece en su Artículo 312 que el que preste auxilio o induzca a otro para que se suicide, será castigado con penas de uno a cinco años de prisión.
Si el tercero (por ejemplo, el médico) asiste al suicidio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión es de cuatro a 12 años. Esta práctica es referida en la Ley General de Salud como “homicidio por piedad” y está expresamente prohibida bajo el amparo de dicha ley.
En la actualidad, el camino hacia la despenalización en México está marcado por el activismo, el respaldo social y un debate legislativo aún incipiente, mientras que la ley vigente mantiene la criminalización de una decisión que para muchos es un derecho fundamental a la dignidad.
