Una reciente propuesta en el Congreso para crear un Padrón de Agresores de Animales pone de manifiesto una realidad triste y complicada: a pesar de la existencia de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Puebla, los casos de maltrato no solo persisten, sino que parecen aumentar, generando una profunda interrogante sobre la efectividad real de la legislación.
La información disponible revela una tendencia preocupante. El Instituto de Bienestar Animal (IBA) del Estado de Puebla reportó un incremento significativo en las denuncias y reportes ciudadanos.
En el periodo de enero a octubre de 2025, se recibieron 2,010 reportes, de los cuales 329 fueron denuncias ratificadas. Esto contrasta fuertemente con los 590 reportes registrados durante todo el año 2024.
En años recientes, los casos de maltrato se han duplicado. Por ejemplo, de enero a agosto de 2024, el IBA recibió 448 denuncias, el doble de las 232 recibidas en el mismo periodo del año anterior.
Municipios como Puebla capital, Tehuacán, San Andrés Cholula, Amozoc y Cuautlancingo se mantienen entre los lugares con más quejas.
Este aumento en las cifras podría interpretarse de dos maneras: el aumento real del delito, es decir, que hay más actos de crueldad; o que hay mayor conciencia y confianza ciudadana y que la gente decide por ello presentar su denuncia. La creación de la ley y del IBA ha facilitado y alentado a más ciudadanos a denunciar, visibilizando un problema que antes estaba oculto.
A pesar de las miles de denuncias y reportes, el número de personas debidamente sancionadas o sentenciadas por estos delitos es extremadamente bajo, reflejando el principal punto débil en la aplicación de la ley.
De 2018 al 31 de julio de 2025, sólo 18 personas habían sido aseguradas por el delito de maltrato animal. De ese reducido grupo, apenas seis han recibido una sentencia condenatoria.
Las 12 restantes permanecen bajo investigación. El IBA remite expedientes a la Secretaría de Medio Ambiente para la imposición de sanciones administrativas (multas) o a la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando se trata de casos de crueldad animal, pero el proceso penal posterior suele ser largo y con escasas sentencias firmes.
La baja tasa de castigo genera un problema de impunidad. Aunque la legislación poblana contempla penas de hasta 8 años de prisión y multas elevadas (dependiendo de la gravedad del delito y si provoca la muerte del animal), la falta de sentencias ejemplares desincentiva la denuncia y no funge como el disuasivo que se esperaría.
¿Realmente la ley está ayudando a reducir el delito?
La evidencia sugiere que la Ley de Bienestar Animal (aprobada con sus últimas reformas) ha sido una herramienta más de visibilización que de reducción efectiva del delito, hasta ahora.
Si bien dicha ley proporcionó un marco jurídico con sanciones penales severas (cárcel y multas) y creó el Instituto de Bienestar Animal (IBA), la tasa de sentencias es bajísima, propiciando la impunidad.
Los reportes no disminuyen, sino que se incrementan, sugiriendo que la ley no ha logrado contener la violencia. La persistencia del maltrato animal en Puebla, pese a la ley, señala una necesidad urgente de fortalecer áreas clave como la investigación y judicialización.
Colectivos animalistas y algunos abogados que se han especializado en el tema, consideran que el IBA necesita más personal y recursos para atender e inspeccionar miles de reportes anuales.
Una campaña masiva y constante sobre tenencia responsable, que es la raíz del problema de abandono y maltrato, pues la propuesta de crear un padrón de agresores es un síntoma de que la ley, por sí sola, no está funcionando.
