La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce avances de México contra la tortura, pero insta al Estado latinoamericano a fortalecer la prevención de ese delito, dijo este viernes el subcomité del organismo internacional para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles (SPT, en inglés) al concluir su tercera visita al país.
"México ha demostrado compromiso político para combatir y prevenir la tortura y ha logrado importantes avances; sin embargo, existen preocupaciones por las brechas que existen entre el marco jurídico y las políticas y su implementación en la práctica", indica el informe de los expertos en su primer informe preliminar de la visita emitido desde la sede del organismo en Ginebra.
Entre las visitas, los expertos reconocieron los avances logrados por México, que adoptó medidas legislativas clave, entre ellas la Ley General para la Prevención de la Tortura en 2017 y la Ley General de Salud en 2023.
#Mexico: UN torture prevention experts #SPT recognise progress, but urge strengthening of torture prevention measures, citing concerns over gaps between legal frameworks & policies, and their implementation in practice.https://t.co/xzFMT8UrSc pic.twitter.com/tDbfneICRC
— UN Treaty Bodies (@UNTreatyBodies) February 6, 2026
El Gobierno mexicano también estableció fiscalías especializadas para investigar actos de tortura y fortaleció su Mecanismo Nacional de Prevención con un marco jurídico sólido y recursos adecuados.
Sin embargo, queda mucho por hacer con respecto a la implementación de medidas de prevención de la tortura, declaró Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación del subcomité de la ONU, en la declaración escrita sobre la visita, realizada diez años después de la anterior.
"Nos preocupa principalmente la situación observada en los centros de tratamiento de adicciones, especialmente aquellos que operan de forma privada y al margen de un marco regulatorio adecuado", dice la experta que visitó el país latinoamericano la semana pasada.
El subcomité de la ONU tomó nota de las preocupantes condiciones y de las prácticas coercitivas en dichos centros, que operan sin la debida regulación, lo que supone un grave riesgo de malos tratos.
"Abordar esta situación requiere una acción urgente y decisiva por parte del Estado", planteó Comas-Mata, quien agradeció la colaboración del Estado mexicano durante la etapa previa y durante la visita.
El subcomité del organismo entrevistó a responsables gubernamentales, personas expertas en defensa de derechos humanos y víctimas, del 25 al 30 de enero de este año, lo que marcó su regreso a México una década después de su segunda visita al país, en 2016.
