La reforma de edad penal ya dejó de ser un debate técnico y entró en la disputa electoral. Su avance inicial puede cambiar cómo el Estado responde ante delitos graves cometidos por jóvenes de 16 y 17 años.
Con 44 votos a favor y 18 en contra, la Comisión de Constitución y Justicia aprobó la admisibilidad de la enmienda constitucional. La medida no será ley de inmediato porque aún requiere una comisión especial y dos votaciones en el pleno de la Cámara. Después, el Senado deberá examinarla mediante un trámite similar antes de cualquier reforma constitucional definitiva.
Qué cambia si avanza la reforma
El cambio principal está en la responsabilidad penal, no en la mayoría civil ni electoral. El informe aprobado retiró las modificaciones sobre matrimonio, contratos, licencia de conducir y voto obligatorio desde los 16 años. Con ese ajuste, el proyecto queda concentrado en castigos criminales para mayores de 16 años.
La Propuesta de Enmienda Constitucional 32/2015 fue presentada en 2015 por el entonces diputado Gonzaga Patriota. Su versión original igualaba mayoría penal, civil y política, pero el dictamen aprobado redujo ese alcance. El expediente de la Cámara indica que la propuesta aguarda la creación de una comisión temporal.
????????| DURÍSIMO GOLPE AL COMUNISTA LULA: La Comisión de Justicia de Brasil acaba de APROBAR la reducción de la edad penal de 18 a 16 años. La propuesta de
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 10, 2026
Flávio Bolsonaro todavía debe pasar por la comisión especial y el pleno de la Cámara, pero este ya es un TRIUNFO histórico.???? pic.twitter.com/3KFpZZ5uhU
Hoy, adolescentes que cometen infracciones graves cumplen medidas socioeducativas previstas en el Estatuto del Niño y del Adolescente. La internación puede durar hasta tres años y opera en un sistema separado del régimen penitenciario de adultos. Si la enmienda prospera, jóvenes de 16 y 17 años quedarían expuestos al proceso penal común.
La discusión coincide con una elección general prevista para el 4 de octubre, con eventual segunda vuelta el 25 de octubre. En ese proceso se elegirán presidente, gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales. Por eso, la seguridad pública ocupa un lugar central en la disputa legislativa y electoral.
El debate conecta seguridad ciudadana, justicia juvenil y capacidad penitenciaria, tres temas presentes en distintas democracias con altos índices de violencia. En Brasil, la discusión tiene además un componente electoral porque la reforma avanzó meses antes de las urnas.
Apoyos, críticas y próximos pasos
Los defensores de la iniciativa sostienen que la legislación actual deja zonas de impunidad frente al crimen grave. El diputado Domingos Sávio afirmó: "Millones de brasileños no aceptan que alguien que puede votar viole y cometa crímenes bárbaros". La diputada Talíria Petrone respondió que la reducción ofrece "una solución falsa" ante el miedo por la violencia.
Sectores opositores también advierten sobre la capacidad penitenciaria y posibles conflictos con la Constitución. La fiscal Danielle Tuoto sostuvo que las cárceles no tienen plazas suficientes para recibir a esos jóvenes. El penalista Acácio Miranda afirmó que la reforma "sería inconstitucional" por afectar límites materiales de la Constitución.
Antes de modificar la Constitución, la propuesta necesita respaldo calificado en nuevas votaciones. El avance en comisión abre el debate, pero no cambia todavía el régimen aplicado a adolescentes.
