La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el 28 de agosto un esquema atribuido a Genaro García Luna y a una red de empresas que realizaban operaciones para desviar recursos públicos después de su paso por la Secretaría de Seguridad Pública. Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, explicó que el caso se construyó a partir del seguimiento de contratos, flujos financieros y activos vinculados con la familia Weinberg.
Contratos millonarios y empresas fachada
Entre 2008 y 2018, el esquema identificado por la UIF incluyó contratos por más de 403 millones de dólares entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas. La investigación señaló presunta simulación de servicios, participación de servidores públicos y particulares y uso de empresas fachada, entre ellas NUNVAV, INC.
El mecanismo descrito contempló una red de compañías beneficiadas con 30 contratos gubernamentales y operaciones que, de acuerdo con la UIF, permitían ocultar pagos y mover recursos hacia otras jurisdicciones.
???? Así operó la red de 400 MDD vinculada a García Luna, según la UIF
— Político MX (@politicomx) August 28, 2026
El titular de la UIF, Omar Reyes, presentó el seguimiento legal del caso vinculado al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, detallando la red de desvío de recursos públicos y lavado de dinero operada… pic.twitter.com/0eEL8WjzUH
La UIF describió cuatro prácticas utilizadas dentro de esta estructura para simular operaciones y extraer recursos públicos:
- Sobornos presentados como pagos comerciales ordinarios.
- Contratos cuya prestación habría sido simulada.
- Sobreprecios que aumentaban el volumen de recursos extraídos.
- Dispersión de dinero mediante sociedades y cuentas hacia lugares como Barbados y Miami.
"Se contrataba un equipo, nunca llegaba el equipo, pero sí se pagaba o se contrataba un equipo que costaba 10 pesos por 100 pesos", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La ruta financiera y el dinero desviado
La UIF estimó que el esquema involucró aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados. "Lo relevante de este caso es que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero, identificar la red de personas y empresas involucradas y aportar elementos para las acciones legales orientadas a recuperar los activos", explicó Reyes Colmenares.
La investigación derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente en acciones civiles en Florida. El caso avanzó con participación de la UIF, FGR, SAT y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de asistencia jurídica con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
De la investigación a la recuperación de activos
En 2026, un tribunal de Florida emitió una sentencia definitiva en el caso de la familia Weinberg por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares. El 19 de mayo también se dictó una sentencia a favor del Estado mexicano por la participación de esa familia en el esquema de contrataciones públicas vinculado con García Luna.
El proceso permitió recuperar una póliza de fianza y liquidar 12 propiedades ubicadas en Florida. El 25 de agosto de 2026, el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares derivados de esa recuperación. La UIF indicó que todavía existen otros activos pendientes de liquidación y que continúa la búsqueda de propiedades o cuentas relacionadas.
García Luna cumple una condena de 38 años y 8 meses de prisión (460 meses) y el pago de una multa de 2 millones de dólares en Estados Unidos. La sentencia fue dictada por el juez federal Brian M. Cogan en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn). Un jurado lo declaró culpable de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con delincuencia organizada y conspiración internacional para distribuir e importar cocaína, además de un cargo por falsedad de declaraciones.
