El ataque con arma blanca contra una estudiante del CENHCH, cometido por carteristas a bordo de una unidad de la Línea 3 del RUTA puso nuevamente bajo cuestionamiento la función de los elementos de seguridad que vigilan las estaciones y paraderos del sistema de transporte.
De acuerdo con los reportes sobre el caso, la joven habría solicitado ayuda después de ser agredida y despojada de sus pertenencias; sin embargo, los vigilantes que se encontraban en la zona no habrían intervenido de manera inmediata y los presuntos responsables lograron escapar, mientras la víctima tuvo que recibir atención posteriormente.
El episodio reavivó los señalamientos de usuarios que aseguran que los llamados “guardias del RUTA” permanecen como espectadores ante robos, agresiones u otros hechos delictivos ocurridos tanto en las estaciones como dentro de las unidades.
Los elementos que custodian las instalaciones del RUTA pertenecen a empresas de seguridad privada contratadas para prestar el servicio y no forman parte de las corporaciones policiacas municipales o estatales y, por lo tanto, sus atribuciones son distintas a las de un agente de seguridad pública.
Su función principal es preventiva y de vigilancia, y entre sus responsabilidades están ejecutar recorridos dentro de las estaciones, detectar situaciones anómalas, mantener comunicación con el Centro de Control Operacional, registrar incidentes en bitácoras y reportar emergencias.
También deben apoyar en situaciones como incendios, accidentes, alteraciones al orden o hechos delictivos, además de impedir el ingreso de personas que porten armas o se encuentren bajo los efectos del alcohol o drogas, de acuerdo con las condiciones establecidas para la prestación del servicio.
Sin embargo, no tienen facultades para investigar delitos ni para llevar a cabo funciones propias de la policía, tampoco cuentan con armamento de fuego como parte de su equipamiento ordinario, por lo que su capacidad de respuesta frente a una agresión violenta es limitada.
Entonces ¿qué deben hacer ante un robo o una agresión?
Ante un hecho delictivo, su responsabilidad no debería limitarse a observar. Su intervención debe enfocarse en activar los protocolos correspondientes, informar al Centro de Control, solicitar el apoyo de las autoridades y brindar asistencia al usuario afectado dentro de los límites de sus atribuciones.
En caso de que exista una situación de flagrancia, la legislación contempla obligaciones para cualquier persona que presencie un delito, pero los alcances de la actuación de un elemento de seguridad privada no son equivalentes a los de un policía; la prioridad debe ser evitar que el propio guardia o las víctimas queden expuestos a un riesgo mayor y solicitar la intervención de la autoridad competente.
Por ello, una de las interrogantes que deja el caso de la estudiante del CENHCH es si los protocolos fueron activados correctamente y si el personal presente actuó conforme a las obligaciones establecidas en su contrato y en los procedimientos del sistema.
¿Vigilancia o reacción?
El problema radica también en la expectativa de los usuarios. La presencia de un guardia en una estación genera la percepción de que existe alguien capaz de intervenir inmediatamente ante un robo o una agresión, cuando en realidad se trata de personal con funciones principalmente preventivas y de enlace con las autoridades.
A esto se suman reportes sobre deficiencias en las condiciones de trabajo de los propios vigilantes, como problemas de comunicación, falta de infraestructura adecuada y recorridos prolongados entre estaciones y paraderos, situaciones que pueden dificultar la respuesta ante una emergencia.
La discusión, por tanto, no se limita a cuestionar a los guardias por no perseguir a un delincuente, también obliga a revisar qué protocolos existen, cuánto tardan en llegar las corporaciones policiacas cuando se activa una emergencia, qué medios de comunicación tienen los vigilantes y qué responsabilidad corresponde al operador del sistema cuando un usuario solicita auxilio.
El caso de la estudiante del CENHCH vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las autoridades del RUTA deberán responder: ¿qué puede hacer realmente un guardia cuando un pasajero está siendo víctima de un delito y qué tan rápido se activa el apoyo policial?
Mientras no haya claridad sobre esos protocolos y sobre la actuación que deben tener los vigilantes ante una agresión, la presencia de seguridad en las estaciones seguirá generando una expectativa entre los usuarios que puede no corresponder con las facultades reales de quienes portan el uniforme.
