Salud reconoce que fármacos del sector público terminan en el mercado ilegal

Salud reconoce que fármacos del sector público terminan en el mercado ilegal

Foto: Enfoque

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció casos de venta ilegal de medicamentos destinados a instituciones públicas, luego de que algunos productos son sustraídos de hospitales y centros de salud para comercializarlos fuera de ellos, una práctica que puede agravar el problema de desabastecimiento en México.

 

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aclaró que no se puede responsabilizar de manera general al personal médico por la falta de fármacos; sin embargo, confirmó que la Secretaría de Salud tiene registros de estas irregularidades y trabaja en su atención. “Nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto”, sostuvo.

 

Clark explicó que algunos medicamentos que no están disponibles en las unidades médicas terminan a la venta fuera de ellas, pese a contar con leyendas que advierten que son propiedad exclusiva del sector salud. Indicó que hay expedientes documentados sobre el desvío de estos productos, mientras que otros casos requieren investigaciones para determinar cómo fueron sustraídos y comercializados, incluso en las inmediaciones de hospitales.

 

 

Para combatir esta práctica, el Gobierno de México implementará dos medidas. La primera será incorporar una identificación visible en las cajas de los medicamentos gratuitos distribuidos en el sistema público, con la frase “La salud es un derecho, medicamento gratuito”. El subsecretario pidió a los ciudadanos reportar los productos que encuentren a la venta en tianguis o farmacias privadas y que porten este distintivo, pues su comercialización estaría prohibida.

 

La segunda medida contempla digitalizar el sistema de salud para rastrear los lotes de medicamentos desde su adquisición hasta su destino. De acuerdo con Clark, esta herramienta permitirá identificar a qué lugares fueron enviados los productos y, en tratamientos de alto costo, conocer quién recibió cada caja para investigar posibles desvíos. El funcionario destacó la importancia de este mecanismo al señalar que existen medicamentos cuyo precio supera los 200,000 pesos por caja, por lo que su sustracción representa un riesgo tanto para el abasto como para el uso de recursos públicos.

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