En la investigación sobre la corrupción que genera y rodea al todavía director del IMSS, Zoé Robledo, misma que llevó a cabo un grupo interdisciplinario de sus subordinados –una de cuyas copias tengo en mi escritorio—destaca el capítulo que habla sobre los negocios entre viejos adversarios, nuevas sociedades y contratos multimillonarios: el de la anestesia.
Porque hay algo profundamente irónico en que una de las historias más controvertidas de las adquisiciones del Seguro Social tenga como protagonista a la anestesia. Ese recurso indispensable de la medicina moderna que permite intervenir quirúrgicamente a un paciente sin que experimente dolor y, en ocasiones, sin que recuerde nada de lo sucedido. Una especialidad noble, científica, rigurosa.
Su uso político, en cambio, pertenece al terreno de la metáfora: administrar las contradicciones en dosis suficientes para que los discursos continúen, las adjudicaciones se concreten y los cuestionamientos no interrumpan demasiado la ceremonia de la transformación.
Corría 2023 cuando el IMSS, bajo la dirección de Robledo, se preparaba para contratar su Servicio Médico Integral para Anestesia correspondiente al periodo 2023–2025. No era una compra menor ni se trataba simplemente de adquirir medicamentos anestésicos.
El servicio comprendía una operación hospitalaria compleja: máquinas de anestesia, dispositivos médicos, consumibles, equipamiento complementario y disponibilidad oportuna para miles de procedimientos quirúrgicos.
La convocatoria publicada en abril contemplaba entre 515 mil 862 y un millón 288 mil 936 procedimientos. Para un sistema hospitalario de semejante dimensión, la confiabilidad del servicio no era un lujo contractual, sino una condición indispensable para operar.
Y entonces apareció una de esas contradicciones que hacen tan interesante la política mexicana. GNK Logística y GNK Logística del Bajío resultaron adjudicatarias de una parte importante del servicio.
El diario La Jornada, en su edición del 28 de agosto de 2023, relacionó a estas empresas con el entorno empresarial de Roberto Madrazo Pintado y su yerno Alexis Nickin Gaxiola.
Madrazo, antiguo candidato presidencial priista y adversario histórico de López Obrador, figuraba así, indirectamente, en una controversia sobre contrataciones del gobierno que había prometido transformar las relaciones entre el poder político y los proveedores tradicionales.
La relación empresarial era un señalamiento periodístico que requería distinguirse de la propiedad accionaria acreditada; Robledo, además, negó públicamente esos vínculos. Pero la paradoja política estaba planteada: mientras el discurso presidencial mantenía una frontera nítida frente a sus adversarios, los procedimientos de contratación mostraban otras realidades comerciales bastante más complejas que las consignas de campaña.
Más pan con lo mismo
La historia tenía otro ingrediente. Según los antecedentes que se investigaron, GNK de Occidente había participado anteriormente en servicios de anestesia y adquiría insumos de PiSA Farmacéutica, grupo cuyo entorno de distribución había sido objeto de restricciones y cuestionamientos durante los primeros meses del gobierno de López Obrador.
La gran pregunta sigue siendo un pertinente a responder: ¿qué tan diferente era el modelo de suministro que el nuevo gobierno decía combatir respecto de las cadenas de proveedores que continuaban participando en sus contrataciones?
El 21 de julio de 2023 se emitió el fallo oficial de la licitación LA-50-GYR-050GYR988-T-9-2023. Dos agrupaciones empresariales recibieron las 23 partidas. Por un lado, CBH+ Especialistas en Innovación Médica, en participación conjunta con DMN Distribuidora Médica Ninnus, obtuvo catorce partidas, con un monto máximo de 3 mil 435 millones de pesos sin IVA.
Por el otro, GNK Logística del Bajío y GNK Logística obtuvieron nueve partidas, por un máximo de mil 638 millones.
En total, el aviso oficial consignó más de 5 mil 072 millones de pesos en montos máximos adjudicados, sin IVA. No eran pagos ya realizados, sino techos contractuales. Pero bastaban para comprender la intensidad de los intereses en juego.
Estos datos no son inventados. Aparecen en el aviso de fallo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
A favor de la divorciada
Pero el conflicto que más adelante adquiriría protagonismo no se limitaría al entorno de los Madrazo. En la otra adjudicataria apareció Samantha Bárcenas, accionista mayoritaria de CBH+, y con ella una relación empresarial y marital anterior con Adrián Cervantes, asociado al grupo Biossmann y a Casa Plarre.
En un principio la oferta de Samantha no debió haber resultado la ganadora, puesto que era una oferta “escolta” por si fallaba la propuesta de Biossman / Plarre.
Esta última empresa participó sin resultar adjudicada por errores en su propuesta, y solamente quedó viva la de CBH de Samantha, ex esposa de Adrián. Las columnas de Lourdes Mendoza y Raymundo Riva Palacio reconstruyeron las relaciones societarias históricas, los señalamientos entre los participantes y las impugnaciones del proceso. Samantha rechazó tener vínculos empresariales vigentes con las compañías de su exesposo y negó la existencia de colusión. Una controversia que, en apariencia, podía reducirse a una disputa entre competidores terminó convirtiéndose en una discusión sobre las condiciones técnicas de uno de los mayores contratos hospitalarios del Instituto.
Y aquí apareció una pregunta que ningún expediente de adquisiciones debería considerar secundaria: ¿cómo pudo una empresa con una trayectoria limitada en servicios médicos integrales obtener una adjudicación de semejante magnitud?
Animal Político documentó que CBH+ había modificado su objeto social en 2021 para incorporar servicios de salud y que no contaba con antecedentes equivalentes en instituciones públicas.
La experiencia del proveedor no es el único criterio legal para evaluar una licitación, pero sí hace indispensable examinar la solvencia técnica, la capacidad instalada, las cartas de respaldo de fabricantes y los compromisos de suministro. Más aún cuando los hospitales dependen de que el equipamiento funcione desde el primer día.
Lo que comenzó como una controversia por la adjudicación terminó generando cuestionamientos sobre el cumplimiento. En 2024, el mismo portal Animal Político publicó testimonios de anestesiólogos y respuestas oficiales de hospitales que documentaban problemas con equipos e insumos comprometidos.
El propio IMSS reconoció que se habían iniciado procedimientos de penalización y posibles rescisiones por incumplimientos parciales o totales, aunque sostuvo que no tenía reportes de cancelaciones de cirugías en los términos planteados.
Era una diferencia importante entre el derecho a competir, la capacidad de ganar y la obligación de cumplir. Porque adjudicar un contrato representa apenas el comienzo de la responsabilidad administrativa; lo verdaderamente decisivo es que las prestaciones contratadas lleguen a los quirófanos, en tiempo y forma, sin poner en riesgo la continuidad de los servicios.
La controversia tampoco terminó con el vencimiento original de los contratos. En septiembre de 2025, el periodista Darío Celis describió un nuevo enfrentamiento entre CBH+ y Casa Plarre alrededor de la continuidad de los servicios de anestesia en hospitales de la zona sur de la Ciudad de México. Según su columna, existieron solicitudes de ampliación contractual y posteriores disputas sobre la sustitución del proveedor.
La controversia adquirió una dimensión todavía más seria cuando se reportaron afectaciones a la programación quirúrgica. Lo que había comenzado como una discusión sobre propuestas técnicas y adjudicaciones llegaba así al verdadero destinatario del servicio: el paciente que esperaba una intervención.
La situación siguió evolucionando. Los registros de contratación muestran que Casa Plarre obtuvo adjudicaciones de anestesia durante 2025 y 2026, mientras que una réplica formal de CBH+, publicada en octubre de 2025, rechazó las versiones de colusión empresarial y cuestionó que se presentara como definitivamente acreditada una rescisión general de sus contratos.
Compras a los poderosos
Y quedó pendiente la otra historia, la que transcurría fuera de los expedientes públicos: las relaciones políticas que diversos periodistas atribuyeron a los participantes. En junio de 2024, Riva Palacio publicó señalamientos de fuentes del sector sobre una presunta intervención de Julio Scherer Ibarra en favor de Samantha Bárcenas, aunque originalmente estaba apoyando a Adrián Cervanates, pero al no ser adjudicado se fue con la Opción B.
Samantha se volvió la protagonista y no reconoció el pacto de palabra de ser oferta de escolta y tomo su rol no esperado. Todo esto no hubiera sucedido sin el apoyo de Humberto Pedrero, pues ya se había negociado previamente la adjudicación a la empresa de Adrián Cervantes.
La pregunta, al final, no era si Roberto Madrazo simpatizaba con López Obrador, si antiguos socios mantenían diferencias o si una empresa había sabido interpretar mejor las bases de la licitación. La pregunta era mucho más sencilla y mucho más incómoda: ¿quién diseñó las especificaciones técnicas, quién evaluó la capacidad real de los participantes, quién autorizó las adjudicaciones y quién vigiló su cumplimiento? Porque mientras las empresas discutían contratos de miles de millones de pesos, el Instituto tenía una obligación elemental: que cada quirófano dispusiera oportunamente de todo lo necesario para operar con seguridad.
La Transformación había prometido que las compras públicas dejarían de responder a las relaciones de poder. El expediente de anestesia ofrecía una oportunidad para comprobar hasta qué punto se había cumplido esa promesa.
Y todavía faltaba reconstruir la historia de las decisiones tomadas detrás de los contratos.
(Continuará)
