Una crisis bancaria que dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros terminó este jueves 5 de noviembre con la renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña. Sin embargo, su salida anticipada del poder no resuelve los cuestionamientos sobre su actuación ni las exigencias de responsabilidades políticas.
El mandatario presentó su dimisión después de perder el respaldo de sectores de su propio partido, mientras crecían las protestas por la intervención de Ueno Bank. La decisión interrumpió un mandato iniciado en agosto de 2023 y previsto hasta 2028, mientras el vicepresidente Pedro Alliana también enfrenta una acusación parlamentaria.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
Por qué renunció Santiago Peña
La crisis comenzó cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar graves problemas de solvencia y suspendió sus operaciones. La medida afectó a aproximadamente tres millones de clientes, quienes quedaron sin acceso a sus depósitos y comenzaron a exigir respuestas.
Durante dos jornadas consecutivas, miles de manifestantes salieron a las calles de Asunción para reclamar la devolución de sus ahorros y la salida presidencial. Las movilizaciones estuvieron acompañadas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de represión.
La presión aumentó cuando Horacio Cartes, expresidente paraguayo y principal impulsor de la candidatura de Peña, respaldó públicamente su destitución mediante juicio político. Su posicionamiento adquirió importancia porque el oficialista Partido Colorado dispone de mayoría parlamentaria y había sostenido políticamente al mandatario.
Entre los señalamientos del Congreso figuran posibles conflictos de intereses, irregularidades en fondos previsionales y créditos por unos 123 millones de dólares a empresas relacionadas. Peña había declarado participaciones accionarias en Ueno Holding, aunque sostuvo que se desprendió de ellas durante 2025.
Cierre del Ueno Bank en Paraguay deja 3 millones de afectados y pone en jaque al presidente Santiago Peña
— DW Español (@dw_espanol) November 5, 2026
El banco administraba hasta 850 millones de dólares en fondos públicos, según sus propias cifras.
La oposición pide un juicio político contra el mandatario paraguayo y… pic.twitter.com/X3MurUew8D
Qué ocurre con sus fueros tras abandonar la Presidencia
La renuncia abre una discusión sobre las protecciones constitucionales que corresponden a Peña después de dejar el Poder Ejecutivo. El artículo 189 de la Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes elegidos democráticamente la condición de senadores vitalicios, salvo determinadas excepciones. Al renunciar, conserva este puesto a la espera de una investigación judicial lo que le puede dar tiempo a cualquier acción, como por ejemplo huir del país.
Esta figura permite participar en las sesiones del Senado con derecho a voz, pero sin voto ni integración del quórum. A diferencia de los senadores electos, los vitalicios no intervienen en las votaciones parlamentarias ni ocupan una banca mediante elecciones legislativas.
Como senador vitalicio, Peña mantiene abierta la discusión sobre el alcance de sus inmunidades parlamentarias y las responsabilidades derivadas de su gestión presidencial. En ese contexto, los reclamos de juicio político buscan que las acusaciones contra Peña reciban una resolución institucional.
Pedro Alliana también enfrenta un pedido de juicio político
La crisis también alcanza al vicepresidente Pedro Alliana, incluido en una acusación parlamentaria separada por presunto mal desempeño de sus funciones. Aunque algunos legisladores oficialistas disidentes anunciaron que respaldarían únicamente el procedimiento contra Peña, el vicepresidente continúa bajo cuestionamientos políticos.
Alliana aparece como el sucesor constitucional del mandatario, mientras sectores del oficialismo plantean que Antonio Barrios ocupe posteriormente la Vicepresidencia. Su eventual llegada a la Presidencia ocurre en un escenario marcado por las investigaciones y los reclamos relacionados con Ueno Bank.
El artículo 225 de la Constitución establece que el juicio político requiere una acusación aprobada por dos tercios de Diputados y una decisión posterior del Senado. Este mecanismo permite determinar responsabilidades políticas y separar del cargo a las autoridades comprendidas en el procedimiento constitucional.
Con Peña fuera del Gobierno y Alliana también cuestionado, Paraguay enfrenta una transición presidencial mientras persisten las exigencias de responsabilidades por la crisis financiera.
