Paraguay echa a su presidente por mal desempeño; en México, la impunidad manda

Paraguay echa a su presidente por mal desempeño; en México, la impunidad manda

Foto: Sputnik

Mientras en Paraguay el Congreso ha destituido al presidente Santiago Peña por el escándalo financiero relacionado con Ueno Bank, en México los señalamientos de irregularidades contra funcionarios y personajes cercanos al poder suelen enfrentar procesos prolongados, investigaciones inconclusas y escasas consecuencias.

 

La comparación exhibe dos formas distintas de responder ante las acusaciones de corrupción y abuso de poder: en Paraguay, la crisis provocada por la intervención bancaria y la afectación a millones de ahorradores detonó una reacción política que alcanzó al propio titular del Ejecutivo. 

 

En México, casos como los relacionados con Guadalupe Taddei, Rocha Moya y todos los involucrados en el huachicol fiscal alimentan las críticas sobre la falta de rendición de cuentas y la protección de funcionarios señalados.

 

El caso paraguayo tomó fuerza luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, institución que concentraba alrededor de tres millones de clientes, después de detectar problemas en sus indicadores de solvencia; la medida generó preocupación por los recursos de particulares y fondos públicos depositados en la entidad, además de protestas y una profunda crisis política.
 

 

La oposición responsabilizó a Santiago Peña por conflictos de interés, debido a sus anteriores vínculos accionarios con Ueno Holding, grupo relacionado con la institución financiera; también cuestionó la colocación de recursos del Instituto de Previsión Social en el banco y los nombramientos de funcionarios que habrían tenido vínculos profesionales con la entidad.

 

 

La controversia escaló hasta el Congreso paraguayo, que determinó destituir al mandatario por mal desempeño de sus funciones; la crisis también evidenció fracturas dentro del propio oficialismo, mientras los ciudadanos exigían explicaciones y garantías para recuperar sus ahorros.

 

En México, el panorama contrasta con las exigencias de rendición de cuentas que se observan en Paraguay; uno de los casos más sonados es el de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya gestión ha sido cuestionada por irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y relaciones con empresas proveedoras.

 

 

Las acusaciones también apuntan a vínculos entre personas de su entorno y compañías que habrían obtenido contratos relacionados con materiales y servicios electorales; las denuncias sobre estas operaciones han generado cuestionamientos acerca de la transparencia en el manejo de recursos públicos y la actuación de los órganos fiscalizadores.

 

A este caso se suman los señalamientos por el desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), considerado uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio anterior; aunque las investigaciones derivaron en detenciones y procedimientos contra chivos expiatorios, persisten cuestionamientos sobre el alcance de las responsabilidades y la falta de consecuencias para quienes ocuparon los puestos de mayor decisión.

 

También figura Birmex, donde se reportaron irregularidades en procesos de compra de medicamentos y la separación de funcionarios, así como las investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal, que han alcanzado a personas vinculadas con estructuras de poder.
 

En estos episodios, las críticas se concentran en que las investigaciones suelen avanzar contra funcionarios de menor rango, mientras las responsabilidades de quienes encabezaron las instituciones permanecen sin cuestionamiento.

 

 

La diferencia entre ambos países, desde esta perspectiva, no radica únicamente en la existencia de denuncias o investigaciones, sino en la capacidad de las instituciones para exigir responsabilidades sin importar el cargo, la cercanía política o la militancia partidista de los involucrados.
 

En Paraguay, el escándalo financiero colocó al presidente en el centro de una crisis institucional y obligó al Congreso a echarlo del cargo; en México, en cambio, los casos de corrupción continúan alimentando el debate sobre la impunidad, las complicidades y la falta de sanciones ejemplares contra figuras de alto nivel.
 

El contraste deja una pregunta de fondo: ¿por qué en algunos países los señalamientos contra quienes gobiernan pueden convertirse en una crisis política de primer nivel, mientras que en México los escándalos de corrupción suelen terminar en expedientes interminables, deslindes de responsabilidades y funcionarios que difícilmente enfrentan consecuencias proporcionales a las acusaciones?

 

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