El Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel vuelve a estar en el centro de la polémica. A más de cuatro décadas de su inauguración, las denuncias por extorsiones, agresiones, venta de drogas, privilegios y presunto autogobierno evidencian que los problemas de gobernabilidad dentro del penal están lejos de desaparecer, pese a las distintas reestructuraciones y cambios de mandos que se han llevado a cabo.
El episodio más reciente ocurrió este martes, cuando familiares de personas privadas de la libertad llevaron a cabo ocho bloqueos simultáneos en distintos puntos de Puebla y su zona metropolitana, entre ellos la autopista México-Puebla, a la altura de Xoxtla; la caseta de Atlixco; el Periférico Ecológico y el bulevar 5 de Mayo, frente a Casa Aguayo.
Los manifestantes denunciaron presuntas redes de extorsión, golpizas y cobros ilegales al interior del centro penitenciario, también exigieron la destitución del director Jorge Ortiz Delgadillo y del juez de oralidad Salvador Hernández Martínez, al señalar que los abusos contra los internos continúan sin que exista una solución de fondo.
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— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) November 10, 2026
Supuestos familiares de internos del penal de San Miguel bloquean el acceso a la caseta de Atlixco, sobre la Vía Atlixcáyotl, para exigir la destitución del director del Cereso de Puebla, debido a que, dicen, cobra piso.
Vía: Diego Alducin / Agencia Enfoque. pic.twitter.com/waxi80uXWA
De acuerdo con los testimonios de familiares, grupos de reclusos mantienen el control de dormitorios, servicios y actividades dentro del penal, además de exigir cantidades que van desde miles de pesos semanales hasta 20,000, 30,000 e incluso 300,000 pesos para evitar agresiones, abandonar zonas de castigo o acceder a determinados beneficios. Asimismo, denunciaron la presunta comercialización de drogas y teléfonos celulares.
Sin embargo, las inconformidades no son nuevas; en noviembre de 2025 ya se habían registrado protestas por supuestos cobros y agresiones atribuidos a grupos de internos identificados como Los Primitivos y un sujeto apodado "el Nenuco"; un mes antes, en octubre, se reportaron muertes violentas de personas privadas de la libertad y denuncias de agresiones que habrían dejado lesiones graves.
La situación también quedó reflejada en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que otorgó al Cereso de San Miguel una calificación de 5.31, inferior al 6.16 obtenido anteriormente, y advirtió deficiencias en servicios de salud, separación de poblaciones, personal de custodia y condiciones de gobernabilidad, además de presuntas prácticas de autogobierno o cogobierno.
La historia de San Miguel está marcada por episodios de violencia desde sus primeros años; el centro penitenciario fue inaugurado el 15 de marzo de 1984, con el propósito de atender la sobrepoblación de la antigua penitenciaría de San Juan de Dios.
Apenas cuatro años después, en mayo de 1988, se registraron dos motines que dejaron un policía muerto, decenas de personas heridas, entre internos y custodios, además de incendios en talleres y el área de enfermería. Desde entonces, las denuncias sobre falta de control y prácticas de autogobierno comenzaron a formar parte de los señalamientos sobre el funcionamiento de la prisión.
Con el paso del tiempo, las irregularidades adquirieron nuevas dimensiones; en 2019 salieron a la luz denuncias sobre cobros de 20 pesos por visita, cuotas por pases de lista, celdas consideradas privilegiadas que alcanzaban los 15,000 pesos, renta de espacios para visitas íntimas y la existencia de una zona de castigo conocida como "la perrera".
También se señalaron presuntas redes de prostitución, venta de drogas y cobros ilegales en las que supuestamente participaban custodios y mandos penitenciarios; aunque se hicieron movimientos y rotaciones de personal, las denuncias continuaron.
El Pueblito, el escándalo que exhibió los privilegios
Uno de los episodios más escandalosos ocurrió entre 2019 y 2022, cuando se descubrió la existencia de "El Pueblito", una zona construida irregularmente dentro del penal, integrada por al menos 104 espacios que funcionaban prácticamente como departamentos y establecimientos comerciales.
En ese lugar había televisores, refrigeradores, camas matrimoniales, gimnasios, restaurantes, farmacias, estéticas y quioscos, entre otros servicios que contrastaban con las condiciones que enfrentaba el resto de la población penitenciaria.
De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el complejo generaba ingresos de al menos 3 millones de pesos semanales mediante rentas, servicios y presuntos cobros de protección.
El entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó su demolición, proceso que concluyó en julio de 2022 y que fue respaldado mediante fe notarial.
El mandatario también señaló a exsecretarios de Seguridad Pública, entre ellos Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya, por presuntamente permitir la existencia de estas instalaciones o no informar correctamente sobre su desaparición; la Fiscalía anunció investigaciones para determinar responsabilidades de los funcionarios involucrados.
El caso del bebé Tadeo y la detención de funcionarios
En enero de 2022, el penal volvió a protagonizar uno de los episodios más indignantes del sistema penitenciario mexicano: el hallazgo del cuerpo de un bebé identificado como Tadeo dentro de un contenedor de basura.
El descubrimiento provocó investigaciones y exhibió nuevamente las fallas de vigilancia y control dentro de San Miguel; el caso derivó en la detención de 21 funcionarios y custodios, algunos de los cuales fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y otros delitos.
A raíz del escándalo se hicieron cambios en la estructura penitenciaria, traslados de internos considerados problemáticos a centros de otros estados y modificaciones en los mandos. El exmandatario Barbosa aseguró que era necesario limpiar el penal de los grupos que mantenían el control interno.
Pese a ello, los años posteriores volvieron a estar acompañados de señalamientos por irregularidades; en julio de 2025 se reportaron nuevos cambios en la dirección del centro penitenciario, en medio de denuncias y cuestionamientos relacionados con las condiciones de los internos, incluido el suicidio de una persona privada de la libertad.
La demolición de El Pueblito, las detenciones de funcionarios, los cambios de directores y los operativos de vigilancia no han impedido que San Miguel vuelva a ser señalado por presuntas redes de corrupción y control criminal.
Las recientes manifestaciones muestran que los problemas siguen vigentes y que los cobros ilegales y las agresiones continúan siendo parte de la realidad que denuncian.
Así, el penal más grande de Puebla acumula más de 40 años de motines, privilegios, extorsiones y escándalos que han obligado a las autoridades a intervenir en distintas ocasiones, sin conseguir hasta ahora una solución definitiva.
